La administración municipal de San Luis Potosí enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que Fernando Chávez Méndez, exsecretario general del Ayuntamiento, denunciara ante la Contraloría Interna la presunta falsificación de su firma para aprobar descuentos totales en multas y recargos relacionados con diversas infracciones. La acusación, formalizada mediante el expediente CIM-EIA-UI-455/2025, expone posibles irregularidades en procedimientos administrativos sensibles.
De acuerdo con la denuncia, la firma del entonces funcionario habría sido utilizada para autorizar beneficios económicos consistentes en la reducción del 100 por ciento de multas, gastos de ejecución y recargos correspondientes al menos a tres boletas de infracción. Pese a la relevancia del señalamiento, la Contraloría Interna, encabezada por Gabriela López, no ha informado públicamente sobre el estado que guarda la investigación ni sobre eventuales responsabilidades.
La situación resulta especialmente delicada porque involucra a uno de los cargos más importantes dentro del organigrama municipal y plantea dudas sobre la capacidad del Ayuntamiento para detectar y sancionar posibles anomalías administrativas. Además, abre el debate sobre la existencia de criterios claros y transparentes para determinar quién puede acceder a la cancelación o disminución de sanciones económicas.
Frente a este panorama, ciudadanos han solicitado que el gobierno encabezado por Enrique Galindo Ceballos informe cuántas condonaciones o descuentos de multas se han autorizado durante la presente administración, quiénes las aprobaron y quiénes fueron sus beneficiarios. El caso adquiere mayor relevancia en un contexto donde el alcalde ha sido mencionado como un posible perfil cercano a Morena para futuros procesos electorales, alimentando exigencias de mayor transparencia y rendición de cuentas.
