Padres de familia de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Los Magueyes, exigieron la destitución de la directora del plantel luego de que, según denunciaron, impidiera el acceso al personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que acudió para entregar la papelería correspondiente al programa de Desayunos Escolares. El argumento señalado por los padres fue que la escuela ya contaba con el apoyo del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.
La situación generó inconformidad debido a que el beneficio estatal contempla un esquema de alimentación para los estudiantes, mientras que el respaldo atribuido al Ayuntamiento habría consistido en la entrega de una mochila. De acuerdo con la denuncia, la postura de la dirección estaría relacionada con una supuesta afinidad hacia el alcalde, quien además habría comprometido la pavimentación de la calle ubicada frente al plantel.
La inconformidad también se dirige contra la actuación de la directora, quien ha aparecido en fotografías junto a funcionarios municipales, mientras permanece pendiente la pavimentación prometida. Para los padres de familia, impedir el ingreso del personal encargado de un programa estatal termina afectando directamente a los alumnos de la institución.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la relación entre decisiones del plantel y los apoyos promovidos desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, particularmente cuando está de por medio un programa dirigido a la niñez. La exigencia de los padres es que se permita el acceso a los apoyos correspondientes y que se esclarezca por qué se bloqueó la entrega de la documentación del programa de Desayunos Escolares.
La presión sobre la División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su titular, Ana Luisa González Sánchez, aumentó tras el suicidio de un estudiante de Ingeniería ocurrido este martes dentro de las instalaciones de la facultad. El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y volvió a poner bajo la lupa la capacidad institucional para prevenir y atender problemas de salud emocional, aunque hasta ahora no existe información que permita establecer una relación directa entre el fallecimiento y la actuación de alguna autoridad universitaria.
El caso se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos contra Servicios Estudiantiles por presuntas omisiones en asuntos de seguridad, salud mental y violencia de género. Uno de los antecedentes más fuertes ocurrió en octubre de 2025, cuando una denuncia por una presunta violación contra una estudiante de Derecho provocó la toma de instalaciones y bloqueos de más de 30 vialidades, además de cuestionamientos por la respuesta institucional, que terminó con la salida del director de esa facultad y de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Tampoco se ha borrado de la memoria el accidente de marzo de 2024 en Estomatología, cuando el colapso de unas gradas durante una fotografía grupal dejó nueve estudiantes lesionados y generó reclamos por la atención médica y el acompañamiento psicológico. A estos antecedentes se agregan señalamientos de trabajadores, realizados bajo condición de anonimato, sobre presuntas prácticas de acoso laboral, vigilancia y presión interna, aumentando el cuestionamiento sobre el funcionamiento de la dependencia.
Ante este panorama, estudiantes, colectivos y trabajadores han exigido la renuncia de Ana Luisa González y una revisión profunda del modelo de atención estudiantil. La discusión llega hasta la Rectoría, encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, a quien también se le demandan explicaciones y respuestas concretas. La ironía resulta incómoda: una institución encargada de acompañar a sus estudiantes enfrenta precisamente reclamos por la forma en que responde cuando las crisis ya estallaron públicamente.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quedó fuera del presídium y de los espacios preferenciales durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Arena Potosí, donde presentó los resultados de su Segundo Informe de Gobierno. Aunque el edil ha buscado proyectar públicamente una cercanía con la mandataria federal, durante el evento tuvo que ocupar un lugar en el área general, entre Servidores de la Nación, en lugar de permanecer junto a las autoridades e invitados especiales.
La ubicación del presidente municipal generó incomodidad, de acuerdo con el relato proporcionado, mientras integrantes de su equipo de protocolo habrían realizado gestiones antes del inicio del acto para conseguirle un espacio en el presídium o, al menos, en una zona preferencial. Sin embargo, esas solicitudes no prosperaron y Galindo permaneció como un asistente más durante el evento presidencial realizado en la capital potosina.
El episodio resulta particularmente significativo por la imagen política que el alcalde ha intentado construir alrededor de sus encuentros con figuras nacionales. La diferencia entre esa proyección pública y el lugar que finalmente ocupó en la Arena Potosí abrió cuestionamientos entre los asistentes sobre el nivel de cercanía y relevancia política que realmente mantiene con la administración federal.
Mientras el acto presidencial mostró la coordinación institucional entre la Federación y el Gobierno del Estado, Galindo Ceballos quedó fuera de la fotografía principal y sin un sitio preferencial. De esta manera, el alcalde capitalino pasó de aspirar a un lugar destacado a permanecer en la zona general, una escena que contrastó con la imagen de cercanía que ha buscado transmitir y que inevitablemente adquiere una lectura política rumbo a las definiciones que se avecinan.
Enrique Galindo Ceballos intenta proyectarse como uno de los perfiles con mayores posibilidades para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, pero las mediciones citadas en el texto ofrecen un panorama distinto. De acuerdo con los resultados atribuidos a Grupo Reforma, De las Heras y Mitofsky, el alcalde capitalino aparece en tercero y hasta cuarto lugar en las preferencias electorales, lejos de la posición de liderazgo que pretende asumir en sus declaraciones públicas.
El escenario también evidencia dificultades para definir una plataforma política rumbo a la sucesión estatal. Mientras el alcalde mantiene abiertas sus posibilidades, el texto señala que en el PAN su eventual candidatura es recibida con reservas, mientras que en el PRI —partido en el que tiene sus antecedentes políticos— tampoco encontraría un respaldo claro. A ello se suma la referencia a sus acercamientos con Morena, donde, según el contenido proporcionado, habría encontrado resistencia, mientras que el Partido Verde mantendría cerrada esa posibilidad y Movimiento Ciudadano no lo contemplaría entre sus opciones.
La diferencia entre el discurso de Galindo y las mediciones electorales abre cuestionamientos sobre la fortaleza real de sus aspiraciones. Aunque el edil se presenta como un perfil competitivo y ha hablado de distintos escenarios para 2027, las encuestas mencionadas lo mantienen por debajo de otros contendientes, complicando la imagen de favorito que busca construir de cara a la sucesión gubernamental.
El panorama descrito coloca a Galindo ante un reto político evidente: sostener sus aspiraciones mientras intenta encontrar respaldo partidista y mejorar su posición en las preferencias ciudadanas. Más que una candidatura consolidada, los datos citados en la nota muestran a un alcalde que todavía tendría que remontar posiciones para convertirse en una opción competitiva rumbo a 2027.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, enfrenta cuestionamientos por la presunta relación de personal y proveedores municipales con páginas digitales que difunden contenidos contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva. De acuerdo con la información proporcionada, Alejandra Hermosillo, trabajadora de la Dirección de Imagen Urbana, administra la página de Facebook San Wicho Times, mientras que su madre, Eréndira Aguillón, participa en la operación de otras plataformas con contenidos similares.
El señalamiento adquiere mayor relevancia debido a que Aguillón aparece como proveedora del Ayuntamiento por servicios de publicidad, con pagos de 90 mil pesos mensuales, según los registros de transparencia referidos en el texto. Esta situación abre cuestionamientos sobre la relación entre los contratos municipales, las actividades de las plataformas digitales y el posible destino de recursos públicos, particularmente porque se trata de páginas utilizadas para confrontar públicamente a dos figuras políticas.
A este panorama se suma que Alejandra Hermosillo y Eréndira Aguillón enfrentan un proceso judicial relacionado con señalamientos por el presunto uso indebido de inteligencia artificial para generar contenidos de ataque y desinformación. La existencia de dicho procedimiento no implica por sí misma responsabilidad penal, pues corresponde a las autoridades judiciales determinar si existieron delitos y, en su caso, quiénes serían responsables.
Ante estos señalamientos, la administración de Galindo Ceballos queda frente a la exigencia de aclarar qué servicios recibe el Ayuntamiento por los 90 mil pesos mensuales, cuáles son sus entregables y si existe alguna relación entre los recursos públicos destinados a publicidad y las páginas señaladas. La respuesta municipal resulta relevante para despejar dudas sobre posibles conflictos de interés y sobre el uso de recursos públicos en un contexto de abierta confrontación política.
Lo que en 2003 fue presentado como una solución para el desabasto de agua en San Luis Potosí terminó convertido en uno de los proyectos más cuestionados por sus costos, fallas y compromisos financieros. La presa El Realito y su acueducto fueron impulsados durante los gobiernos de Vicente Fox y Marcelo de los Santos, mientras que en 2009 la Comisión Estatal del Agua, Interapas y Aquos Realito firmaron un contrato por 25 años.
El proyecto quedó acompañado de un endeudamiento por mil 500 millones de pesos autorizado durante la administración de De los Santos, mientras la obra posteriormente fue concluida y puesta en operación en 2015. La promesa de resolver el problema del agua, sin embargo, comenzó a chocar con la realidad cuando la infraestructura empezó a presentar deficiencias.
Desde 2018 se reportaron fisuras en la cortina de la presa y, de acuerdo con la información proporcionada, el acueducto acumula 97 fallas técnicas, seis de ellas durante el presente año. El resultado ha sido que miles de hogares potosinos enfrenten periodos prolongados sin suministro de agua, dejando en entredicho los beneficios que originalmente se prometieron con el proyecto.
Y mientras la infraestructura falla, el contrato sigue vigente hasta 2034 y contempla pagos mensuales de 22 millones de pesos, debido a las penalizaciones que implicaría cancelarlo. Así, una obra cuyo costo inicial fue señalado en 2 mil 500 millones de pesos podría terminar representando más de 6 mil 500 millones para el erario. La ironía es difícil de ignorar: la obra que llegó prometiendo acabar con la escasez terminó convirtiéndose también en una pesada cuenta que los potosinos continúan pagando.
El proyecto del desnivel de El Saucito enfrenta una posible postergación luego de acumular meses en distintos trámites administrativos, reconoció el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, tras reunirse este viernes con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El edil señaló que existen 19 obras municipales pendientes de liberación y que los proyectos permanecen en proceso desde marzo, mientras que el mandatario estatal se comprometió a buscar que sean destrabados lo antes posible.
En el caso de El Saucito, el propio Galindo reconoció que el tiempo disponible para ejecutar los trabajos se redujo considerablemente. Incluso si el proyecto obtiene la autorización en los próximos días, todavía tendría que pasar por una licitación de aproximadamente 45 días, por lo que el Ayuntamiento deberá determinar si aún es viable iniciar y concluir la obra en enero. El alcalde informó que Obras Públicas realizará una proyección para conocer el escenario y definir si se mantiene el calendario previsto.
La situación deja al proyecto entre la ejecución y el aplazamiento, pues Galindo descartó su cancelación, pero admitió que la alternativa más probable es modificar los tiempos. Uno de los factores considerados son las fiestas tradicionales de El Saucito, con más de 100 años de antigüedad, las cuales, dijo, no pueden ser interrumpidas por los trabajos. Así, una obra que permanece en trámites desde marzo ahora enfrenta un margen reducido para concretarse.
El alcalde aseguró que durante la semana sostuvo reuniones con algunas organizaciones de la zona para explicar el retraso, aunque reconoció que todavía no ha dialogado con todos los grupos. Será este lunes cuando, con base en la proyección solicitada a Obras Públicas, el Ayuntamiento determine si el proyecto puede continuar conforme al calendario original o deberá ser postergado.
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvió a colocar bajo atención pública la actuación de distintos exfuncionarios que ocupaban cargos de alto nivel durante ese periodo. Entre los nombres que nuevamente han sido mencionados en el debate figura el del actual alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien se desempeñaba como Comisionado General de la Policía Federal.
Especialistas, organizaciones y diversas publicaciones han mantenido el análisis sobre la participación de las instituciones federales en el contexto de las investigaciones del caso. Aunque los informes públicos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes centraron sus principales señalamientos en corporaciones municipales, estatales y en la entonces Procuraduría General de la República, también documentaron la presencia de la Policía Federal en Guerrero y su intervención en acciones posteriores a los hechos, lo que ha mantenido el interés sobre el papel que desempeñaron los mandos de esa corporación.
La discusión pública también ha retomado antecedentes de la gestión de Galindo al frente de la Policía Federal, periodo en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones relacionadas con operativos como Tanhuato y Nochixtlán. Estos antecedentes han sido utilizados por distintos actores para cuestionar la actuación de los mandos de seguridad de aquella administración y para insistir en que continúe el esclarecimiento de posibles responsabilidades institucionales.
Hasta el momento no existe información pública que indique una acusación formal o una acción penal en contra de Enrique Galindo Ceballos por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el avance de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República mantiene vigente el análisis sobre las decisiones y actuaciones de quienes integraban la cadena de mando durante uno de los casos más relevantes en la historia reciente del país.