La organización Ciudadanos Observando señaló a la administración de Enrique Galindo Ceballos por la falta de esclarecimiento y sanciones de fondo en diversos casos que, de acuerdo con sus propios señalamientos, involucran presuntas irregularidades, abuso de autoridad y posibles actos de corrupción en el Ayuntamiento de San Luis Potosí. A cuatro años del inicio de la gestión municipal, la asociación volvió a colocar bajo la lupa seis expedientes que considera emblemáticos y que, afirma, permanecen sin consecuencias definitivas.

Entre los casos mencionados se encuentran los contratos para el servicio de pipas de agua, por presuntos sobreprecios; señalamientos sobre cobros ilegales para la expedición de permisos en Protección Civil; y la baja de 27 unidades municipales, asunto que la organización asegura haber denunciado ante la Fiscalía. También incluyó cuestionamientos relacionados con la recaudación de parquímetros y pagos millonarios a empresas que califica como presuntas compañías fantasma.

Ciudadanos Observando agregó a la lista los despidos laborales que han derivado en el pago de laudos, así como denuncias de presunto acoso sexual y laboral dentro del Ayuntamiento. La organización también mencionó el caso relacionado con el antro Rich y sostuvo que la mayoría de estos asuntos continúa sin llegar a sanciones que determinen responsabilidades. Estos señalamientos corresponden a la postura de la asociación y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Ante este escenario, Ciudadanos Observando exigió que los expedientes sean esclarecidos y que, en los casos donde corresponda, se determinen responsabilidades. La organización sostiene que la acumulación de investigaciones y denuncias pendientes representa un cuestionamiento a las administraciones encabezadas por Galindo y reclama mayor rendición de cuentas sobre los casos señalados.

Documentación oficial del gobierno de Estados Unidos identifica al exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga como vinculado con la propiedad de un avión Cessna 525B, matrícula N87VM, mediante la empresa “Marcelo de los Santos y Cía., S.C.”. El título de la aeronave fue colocado en un fideicomiso administrado por Bank of Utah, bajo una estructura utilizada para su registro ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Los documentos, fechados en abril de 2024, señalan que la empresa del exgobernador transfirió el título de la aeronave al denominado N87VM Trust, donde Bank of Utah aparece como propietario fiduciario. Se trata de un Cessna 525B, número de serie 525B-0098, cuyo costo de adquisición se ubica, de acuerdo con la documentación referida, entre 3.5 y 4 millones de dólares.

Y mientras en redes sociales algunos “influencers” afines a la 4T señalaban que la aeronave era utilizada o pertenecía a la senadora Ruth González Silva, los documentos presentados apuntan en otra dirección: identifican como fideicomitente a “Marcelo de los Santos y Cía., S.C.”, con domicilio en Ignacio Comonfort 805, Zona Centro, San Luis Potosí, y mencionan como contacto a Fernando de los Santos Anaya, hijo del exmandatario.

La documentación también precisa quién tendría el derecho de uso de la aeronave. Aunque Bank of Utah figura como propietario fiduciario, el Aircraft Operating Agreement concede a “Marcelo de los Santos y Cía., S.C.” el derecho exclusivo para poseer, utilizar y operar el avión, además de asumir gastos de operación, impuestos, mantenimiento, reparaciones, seguros y obligaciones aeronáuticas. Así, el avión que fue señalado públicamente como relacionado con Ruth González aparece, en los documentos citados, vinculado a la empresa de Marcelo de los Santos.