Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y mencionado cada vez con más fuerza como posible aspirante a las filas de Morena, ha sido señalado por intentar maquillar la crisis de seguridad mediante el reclutamiento masivo de cadetes sin filtros de confianza. Aunque se anuncia la incorporación de 200 elementos para mejorar la tasa de 1.4 policías por cada mil habitantes, la realidad es que el déficit de la corporación no es numérico, sino de honestidad y preparación. Los diagnósticos sobre la policía municipal confirman que la institución arrastra graves problemas de corrupción y elementos dados de baja por no cumplir con los estándares mínimos exigidos por la ley. Esta política de sumar agentes sin sanear previamente a la policía ha convertido a la corporación en un cuerpo ineficiente que ha perdido el activo más importante: la confianza de la sociedad. Para la ciudadanía, la prioridad del gobierno municipal debería ser la depuración inmediata de las filas y la profesionalización de los mandos, en lugar de generar estadísticas de reclutamiento que solo sirven para alimentar discursos de campaña. El hecho de que se mantenga en activo a personal que reprobó controles oficiales sugiere que la administración de Galindo está más interesada en mantener una fachada de orden para facilitar su tránsito político hacia la cuarta transformación que en resolver la crisis estructural de seguridad. Sin salarios dignos ni controles de ingreso estrictos, la estrategia policial de la capital potosina está condenada al fracaso, mientras la inseguridad cotidiana sigue golpeando a las familias. La falta de una policía capacitada y honesta es la mayor debilidad de un gobierno que parece haber olvidado su responsabilidad primaria para enfocarse en la construcción de una candidatura externa. Al priorizar los números sobre la calidad, Enrique Galindo demuestra que su gestión se ha convertido en una plataforma de intereses políticos afines a Morena, dejando a la capital con una policía decorativa que no genera cooperación social ni previene el delito de manera efectiva.