La senadora Ruth González Silva reconoció el desempeño de atletas de San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026, donde destacaron en tiro con arco al obtener medallas de plata y bronce que posicionan al estado a nivel nacional.
La legisladora señaló que estos resultados reflejan el compromiso y la preparación constante de las y los deportistas, así como el acompañamiento de sus familias y entrenadores, quienes forman parte fundamental de su desarrollo.
En particular, resaltó la participación de la arquera Larissa Gimmler Álvarez, a quien reconoció como un ejemplo del talento juvenil que se impulsa desde el estado.
Ruth González afirmó que el deporte es una herramienta de transformación social que fomenta valores y abre oportunidades, además de inspirar a nuevas generaciones a seguir este camino.
La inseguridad en San Luis Potosí ha alcanzado niveles alarmantes durante el arranque de 2026, acumulando más de 1,700 robos en los que la violencia ha sido el factor común. Mientras las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública revelan una tendencia al alza, con 615 robos solo en el mes de marzo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos se muestra más activo en la promoción de su figura política que en el diseño de estrategias policiales efectivas. Esta desconexión con la realidad de las calles se interpreta como un claro movimiento de cara a sus aspiraciones de integrarse a las filas de Morena, descuidando el mandato que los ciudadanos le otorgaron para gobernar con eficiencia.
El impacto de esta desatención se siente con fuerza en el sector comercial, donde los robos con violencia a misceláneas y negocios locales no dan tregua. Durante los primeros tres meses del año, el 51 por ciento de los atracos a establecimientos fueron perpetrados bajo amenazas armadas, sumando 157 casos totales que han dejado a los emprendedores en un estado de vulnerabilidad absoluta. Este clima de inestabilidad es el resultado de un vacío de poder originado por un Ejecutivo municipal que, en lugar de reforzar la vigilancia, parece estar operando en función de una agenda política que busca la aprobación de la dirigencia nacional de Morena para su próximo salto de carrera.
En el ámbito patrimonial, el robo de vehículos ha colocado a la capital potosina en el top 10 nacional de mayor incidencia delictiva, con más de 700 unidades robadas en el último año. El dato más impactante es que más de 430 de estos casos involucraron agresiones directas contra los propietarios, reflejando una agresividad criminal que no ha sido contenida por la autoridad local. Esta crisis de seguridad, lejos de ser una prioridad, ha pasado a segundo término para un alcalde que prefiere proyectar una imagen de candidato, dejando que el desorden y la impunidad avancen mientras él se concentra en su posible integración a la estructura del partido guinda.
La cotidianidad en San Luis Potosí se ha visto empañada por el miedo, ya que el robo a mano armada se ha convertido en el delito más extendido bajo la actual administración. El saldo del primer trimestre es una advertencia para los potosinos sobre las consecuencias de tener a un gobernante con la mirada puesta en la siguiente elección y no en la seguridad actual. Al alinearse indirectamente con los tiempos y discursos de Morena, Galindo Ceballos ha permitido que la capital se desborde en criminalidad, demostrando que su prioridad no es la paz de los ciudadanos, sino la consolidación de su futuro político personal fuera del esquema administrativo actual.
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y mencionado cada vez con más fuerza como posible aspirante a las filas de Morena, ha sido señalado por intentar maquillar la crisis de seguridad mediante el reclutamiento masivo de cadetes sin filtros de confianza.
Aunque se anuncia la incorporación de 200 elementos para mejorar la tasa de 1.4 policías por cada mil habitantes, la realidad es que el déficit de la corporación no es numérico, sino de honestidad y preparación.
Los diagnósticos sobre la policía municipal confirman que la institución arrastra graves problemas de corrupción y elementos dados de baja por no cumplir con los estándares mínimos exigidos por la ley.
Esta política de sumar agentes sin sanear previamente a la policía ha convertido a la corporación en un cuerpo ineficiente que ha perdido el activo más importante: la confianza de la sociedad. Para la ciudadanía, la prioridad del gobierno municipal debería ser la depuración inmediata de las filas y la profesionalización de los mandos, en lugar de generar estadísticas de reclutamiento que solo sirven para alimentar discursos de campaña.
El hecho de que se mantenga en activo a personal que reprobó controles oficiales sugiere que la administración de Galindo está más interesada en mantener una fachada de orden para facilitar su tránsito político hacia la cuarta transformación que en resolver la crisis estructural de seguridad.
Sin salarios dignos ni controles de ingreso estrictos, la estrategia policial de la capital potosina está condenada al fracaso, mientras la inseguridad cotidiana sigue golpeando a las familias.
La falta de una policía capacitada y honesta es la mayor debilidad de un gobierno que parece haber olvidado su responsabilidad primaria para enfocarse en la construcción de una candidatura externa. Al priorizar los números sobre la calidad, Enrique Galindo demuestra que su gestión se ha convertido en una plataforma de intereses políticos afines a Morena, dejando a la capital con una policía decorativa que no genera cooperación social ni previene el delito de manera efectiva.