Tres integrantes de la Policía Municipal de San Luis Potosí, entre ellos dos agentes en activo y un cadete, continuarán privados de su libertad mientras enfrentan un proceso penal por el delito de robo calificado. Claudia “N”, Alexandra “N” y Javier “N” están vinculados a proceso por un hecho ocurrido contra un particular en su domicilio de la colonia Morales, luego de que un juez de control determinara nuevamente la prisión preventiva justificada.
La decisión se tomó durante una audiencia realizada el lunes 28 de septiembre en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, después de que los imputados habían obtenido una suspensión provisional para revisar la medida cautelar mediante un juicio de amparo. La defensa, promovida por el Ayuntamiento capitalino, solicitó modificar la medida; sin embargo, tras el debate con la Fiscalía General del Estado, el juzgador consideró que existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio a la Policía Municipal, corporación perteneciente al gobierno encabezado por Enrique Galindo Ceballos, particularmente por tratarse de elementos que forman parte de una institución responsable de la seguridad y vigilancia en la capital. La resolución judicial mantiene abierta la atención sobre el desempeño de los integrantes de la corporación y sobre los controles existentes para garantizar que sus funciones se desarrollen conforme a la ley.
De acuerdo con el expediente referido, el proceso no parte únicamente de señalamientos públicos, sino de una denuncia presentada por la víctima, una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado y la intervención del Poder Judicial. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica que los tres imputados hayan sido declarados culpables; su situación deberá resolverse conforme avance el proceso penal.
A unas horas del Informe de Gobierno de Enrique Galindo Ceballos, vecinos de distintas colonias de San Luis Potosí capital bloquearon el cruce de Reforma y Venustiano Carranza para exigir una solución al desabasto de agua potable. Con pancartas y consignas, los manifestantes denunciaron que llevan semanas con problemas de suministro y reclamaron respuestas tanto al Interapas como al Gobierno Municipal, mientras la protesta ocurrió a pocas cuadras de la Plaza de los Fundadores, donde estaba preparado el escenario para el informe del alcalde este martes 29 de septiembre.
Uno de los principales reclamos fue que, pese a no recibir agua en sus viviendas, los usuarios continúan recibiendo puntualmente sus recibos y deben pagar por un servicio que, aseguran, no están recibiendo. “Los recibos sí llegan, pero el agua no”, fue una de las expresiones utilizadas durante la manifestación, en la que los vecinos exigieron que las autoridades restablezcan el suministro y atiendan las fallas que afectan a sus colonias.
La protesta también puso en contraste la publicidad desplegada con motivo del Informe de Gobierno y las condiciones denunciadas por los habitantes. Los inconformes cuestionaron que la imagen difundida oficialmente sobre la ciudad no corresponda con los problemas que enfrentan cotidianamente en materia de servicios básicos, particularmente por la falta de agua potable.
El bloqueo generó afectaciones a la circulación en Reforma y Venustiano Carranza y convirtió la falta de agua en uno de los temas centrales de la jornada previa al informe municipal. El desabasto permanece como uno de los retos de la capital potosina, en medio de fallas en las fuentes de abastecimiento y de los trabajos anunciados por Interapas para recuperar y fortalecer la capacidad de suministro en distintos sectores de la ciudad.
La medición de GobernArte citada en el texto muestra un contraste entre los gobiernos municipales de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí capital. Juan Manuel Navarro Muñiz aparece en el noveno lugar entre los alcaldes metropolitanos evaluados, con 58.2 por ciento de aprobación, mientras Enrique Galindo Ceballos descendió hasta la posición 29 en septiembre, con alrededor de 40 por ciento. El resultado significa una diferencia de más de 18 puntos porcentuales entre ambos ediles y refleja una valoración ciudadana distinta en la misma zona metropolitana.
De acuerdo con el texto, Navarro llega a esta medición después de una administración que reporta más de un millón de metros cuadrados de calles pavimentadas, rehabilitadas e iluminadas, así como una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos en dos años y acciones para atraer capital privado. Estos resultados son presentados como parte del proceso de transformación que ha experimentado Soledad de Graciano Sánchez y de la continuidad de un proyecto de gobierno que, según la información proporcionada, acumula 17 años.
En contraste, Galindo pasó del lugar 11 que ocupaba en marzo al 29 en septiembre, con una aprobación cercana al 40 por ciento. El texto atribuye este descenso a problemas como los baches, la situación del agua y la seguridad, además de cuestionar la prioridad que el alcalde habría dado a su promoción personal y a sus aspiraciones políticas. No obstante, la medición de GobernArte, por sí misma, registra el nivel de aprobación y no establece que esos factores sean las causas de la caída.
La diferencia entre ambas evaluaciones coloca nuevamente sobre la mesa el desempeño de los gobiernos municipales de la zona metropolitana. Mientras Soledad aparece dentro de los primeros diez lugares de la medición citada, la capital se encuentra prácticamente al final de la clasificación, por lo que los resultados representan un elemento más para valorar cómo perciben los ciudadanos el trabajo realizado por sus respectivos ayuntamientos.
La promesa de diálogo sobre movilidad en San Luis Potosí quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que Pedaleando SLP acusara al Ayuntamiento de Enrique Galindo Ceballos de convertir el proceso de actualización del Reglamento de Tránsito en una “simulación”. El reclamo fue planteado por Víctor Hernández al concluir la 48ª Sesión Ordinaria de Cabildo, después de que los regidores aprobaran por unanimidad la reforma que el gobierno municipal presentó como un avance en la materia.
Pero mientras el Cabildo presume acuerdos, el archivo público tiene un pequeño inconveniente: hasta el 28 de septiembre, la grabación de la sesión del 25 de septiembre no estaba disponible en el portal municipal. El espacio oficial destinado para consultar las sesiones del Honorable Cabildo seguía mostrando como registro correspondiente el video de la 47ª sesión, celebrada una semana antes.
Hernández aprovechó la sesión para reclamar a los regidores y autoridades municipales por presuntos incumplimientos de acuerdos previamente construidos con colectivos y por la falta de avances suficientes en movilidad y seguridad vial. El alcalde, por su parte, defendió la actualización del reglamento y resaltó que la propuesta había sido aprobada por unanimidad, dejando frente a frente dos versiones sobre el alcance real del proceso.
El reclamo no llega aislado. El pasado 9 de septiembre, Pedaleando SLP y la Coalición Movilidad Sostenible SLP ya habían señalado falta de respuesta del gobierno municipal a solicitudes de información y seguimiento relacionadas con el proyecto de Cruces Seguros. Así que, mientras el Ayuntamiento habla de avances y diálogo, queda pendiente algo bastante sencillo: que publique la grabación completa de una sesión en la que precisamente se discutió una reforma de movilidad y se escuchó un reclamo ciudadano.
Integrantes de la organización civil “San Luis Conduce Ya” intervinieron este fin de semana con recursos propios los cruces peatonales de la colonia El Saucito, ante el deterioro y la falta de señalización visible en zonas de alta circulación vehicular. Los ciudadanos balizaron y pintaron áreas de paso sobre avenidas como Fray Diego de la Magdalena y Pánfilo Nátera, que, de acuerdo con el planteamiento de la organización, permanecían deterioradas y desdibujadas desde hace años.
La intervención representa un nuevo cuestionamiento a la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de San Luis Potosí en materia de seguridad vial, pues fueron los propios ciudadanos quienes asumieron una tarea que corresponde a los servicios municipales. El grupo también señaló al director de Obras, Eustorgio Chávez Garza, por la falta de atención a las necesidades de los peatones y sostuvo que la administración local ha mantenido una respuesta insuficiente ante las demandas relacionadas con las condiciones de las vialidades.
La acción no sería un caso aislado. Semanas atrás, integrantes de la misma organización se habían organizado para realizar trabajos de reparación de baches en distintos puntos de la ciudad, argumentando lentitud y omisiones en los programas oficiales de bacheo. Con estas acciones, ciudadanos han optado por intervenir directamente en problemas de infraestructura urbana que consideran pendientes de atención por parte de las autoridades municipales.
Aunque las movilizaciones han sido interpretadas por algunas autoridades desde una perspectiva electoral, los integrantes de “San Luis Conduce Ya” aseguraron que no buscan cargos ni puestos políticos. Mientras tanto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene una amplia campaña publicitaria alrededor de su administración, en un contexto en el que también ha comenzado a hablar públicamente sobre sus aspiraciones y participación política rumbo a 2027.
La estrategia legal desplegada en Italia para evitar o retrasar la extradición de José Miguel Maya Zulaica, “Baby Mike”, finalmente llegó a su límite. Tras permanecer detenido en Roma desde 2024, el hijo del empresario potosino Miguel Maya Romero fue trasladado a Estados Unidos, donde ahora se encuentra recluido en Texas y enfrenta un proceso por acusaciones de narcotráfico.
El caso también involucra a su tío Mario Zulaica López, señalado por las autoridades estadounidenses como parte de la misma estructura investigada. De acuerdo con documentos citados en reportes sobre la investigación, las autoridades estadounidenses sostienen que Maya Zulaica habría mantenido comunicación con su tío en relación con operaciones de distribución de cocaína. La acusación federal contempla delitos vinculados con la distribución de más de cinco kilogramos de esa droga.
En San Luis Potosí, el proceso había generado una disputa alrededor de la imagen pública de la familia. Miguel Maya Romero defendió a su hijo mediante una carta abierta y calificó el caso como una campaña de desprestigio, mientras que durante la estancia de “Baby Mike” en Italia también aparecieron publicaciones que resaltaban su perfil empresarial.
Pero los recursos legales utilizados en Italia no evitaron la extradición. Con su llegada a Texas, el caso deja atrás la etapa italiana y continúa ante la justicia estadounidense, donde deberán desahogarse las acusaciones que dieron origen a la solicitud de extradición.
Integrantes de la organización civil “San Luis Conduce Ya” intervinieron este fin de semana con recursos propios los cruces peatonales de la colonia El Saucito, ante el deterioro y la falta de señalización visible en zonas de alta circulación vehicular. Los ciudadanos balizaron y pintaron áreas de paso sobre avenidas como Fray Diego de la Magdalena y Pánfilo Nátera, que, de acuerdo con el planteamiento de la organización, permanecían deterioradas y desdibujadas desde hace años.
La intervención representa un nuevo cuestionamiento a la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de San Luis Potosí en materia de seguridad vial, pues fueron los propios ciudadanos quienes asumieron una tarea que corresponde a los servicios municipales. El grupo también señaló al director de Obras, Eustorgio Chávez Garza, por la falta de atención a las necesidades de los peatones y sostuvo que la administración local ha mantenido una respuesta insuficiente ante las demandas relacionadas con las condiciones de las vialidades.
La acción no sería un caso aislado. Semanas atrás, integrantes de la misma organización se habían organizado para realizar trabajos de reparación de baches en distintos puntos de la ciudad, argumentando lentitud y omisiones en los programas oficiales de bacheo. Con estas acciones, ciudadanos han optado por intervenir directamente en problemas de infraestructura urbana que consideran pendientes de atención por parte de las autoridades municipales.
Aunque las movilizaciones han sido interpretadas por algunas autoridades desde una perspectiva electoral, los integrantes de “San Luis Conduce Ya” aseguraron que no buscan cargos ni puestos políticos. Mientras tanto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene una amplia campaña publicitaria alrededor de su administración, en un contexto en el que también ha comenzado a hablar públicamente sobre sus aspiraciones y participación política rumbo a 2027.
El segundo Informe de Gobierno de Enrique Galindo Ceballos llega acompañado de la campaña “Grandeza es…”, una narrativa con la que el Ayuntamiento busca destacar resultados, pero que enfrenta el contraste de los pendientes que persisten en la capital potosina después de cinco años de administración. Información publicada el 24 de septiembre señala que alrededor de 14 obras permanecen pendientes y que proyectos como el paso a desnivel de El Saucito fueron reprogramados, mientras la ciudadanía continúa enfrentando problemas relacionados con infraestructura y servicios públicos.
Uno de los asuntos que también forma parte del balance municipal es la situación financiera de Interapas, organismo cuya Junta de Gobierno preside Galindo. Al 30 de junio de 2026, la cartera vencida ascendía a mil 807.4 millones de pesos, de los cuales más de mil 61 millones correspondían al municipio de San Luis Potosí.
El propio alcalde ha reconocido las dificultades económicas que atraviesa el organismo, mientras entre los pendientes cotidianos aparecen baches, hundimientos, socavones, deficiencias en alumbrado, problemas de recolección de basura y deterioro de infraestructura urbana.
El contraste también alcanza al Centro Histórico y a otros servicios que forman parte de las responsabilidades del Ayuntamiento, como agua, drenaje, limpieza, alumbrado, mantenimiento de vialidades e infraestructura urbana.
Aunque la comunicación oficial presume obras de pavimentación y otros resultados, las obras pendientes y reprogramadas también forman parte del balance que debe presentarse ante la ciudadanía, especialmente al cumplirse cinco años de administración municipal.
A este escenario se suma el contexto político del propio Galindo, quien ha declarado tener “intenciones claras hacia el 27” y buscar una ruta para participar en la contienda por la gubernatura. Así, su segundo informe no solo coloca sobre la mesa los resultados que presume el Ayuntamiento, sino también los pendientes que permanecen en la capital y que permiten a la ciudadanía contrastar la narrativa de “Grandeza es…” con la situación de los servicios e infraestructura que enfrenta la ciudad.
Morena ya habría encontrado a su próximo coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, pero con un pequeño detalle: Elí César Cervantes Rojas ni siquiera se registró como aspirante. La definición fue comunicada durante una reunión privada en la sede del partido y todavía debe ser formalizada públicamente por la dirigencia nacional, dejando en el aire una explicación básica: por qué terminó siendo elegido alguien que no participó en la convocatoria.
En el encuentro participaron Cervantes Rojas, actual delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí; la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez; Mauricio Rodríguez, delegado de la Comisión Nacional de Elecciones, y aspirantes que sí cumplieron con el registro, entre ellos Carlos Arreola Mallol y José Antonio Lorca Valle. Es decir, mientras algunos atendieron las reglas de la convocatoria, el perfil finalmente comunicado llegó por una vía distinta.
La Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad de considerar perfiles ajenos al registro, pero esa atribución no explica por sí sola cuáles fueron los criterios utilizados para colocar a Cervantes por encima de quienes sí participaron. Según testimonios de asistentes, durante la reunión tampoco se detalló por qué fue seleccionado ni se ofrecieron suficientes elementos sobre la encuesta utilizada, mientras algunos aspirantes manifestaron su inconformidad.
El episodio deja así una convocatoria con reglas para los aspirantes y una definición comunicada a puerta cerrada, al menos según lo relatado por los participantes. Si Morena pidió registros, evaluaciones y participación, ahora corresponde a su dirigencia explicar públicamente cómo llegó a una decisión que favorece a alguien que no se inscribió. De lo contrario, la pregunta sobre qué papel jugaron realmente quienes sí cumplieron con el procedimiento seguirá más abierta que la propia convocatoria.