El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, recibió a Jorge Arreola y a su hija Paola Arreola, quienes manifestaron su respaldo a sus aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de 2027. El acercamiento generó cuestionamientos sobre los apoyos que busca sumar el presidente municipal y sobre el posible uso de tiempo laboral y recursos públicos en actividades vinculadas con sus objetivos políticos, señalamientos planteados en la publicación original que no se acompañan de pruebas documentales en el texto.
La trayectoria partidista de la familia Arreola también quedó bajo crítica, pues el escrito sostiene que sus integrantes han pasado por distintas fuerzas políticas, entre ellas el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido del Trabajo, además de haber respaldado recientemente el proyecto de Gerardo Sánchez Zumaya. La publicación cuestiona esos cambios de afiliación y su nuevo acercamiento a Galindo, al que interpreta como un movimiento para buscar espacio dentro de otro proyecto político.
El texto también menciona a Tatiano Pérez, Primo Dothé y José Luis Urban Ocampo entre las personas que, según la publicación, se habrían distanciado de Zumaya para acercarse al alcalde capitalino. Estos señalamientos ponen el foco en los reacomodos políticos rumbo a 2027 y en los criterios con los que Galindo construye alianzas, aunque las acusaciones sobre corrupción, negocios indebidos y uso de recursos públicos requieren pruebas y verificación independiente.
La designación de Ulises Ríos Medrano, hermano del comentarista y activista digital Oswaldo Ríos Medrano, como director de Bienestar Animal del Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió el debate sobre los vínculos entre el poder político y quienes se presentan como analistas independientes. El nombramiento durante la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos pone sobre la mesa una cuestión legítima: ¿Qué criterios se utilizaron para elegir al funcionario y cómo se garantiza que cumple con el perfil requerido para el cargo?
Las críticas se centran también en la postura pública de Oswaldo Ríos, quien mantiene una presencia frecuente en redes sociales y espacios de opinión defendiendo la gestión de Galindo y cuestionando a sus detractores. Esa cercanía política puede alimentar dudas sobre su independencia como analista, aunque por sí sola no demuestra que exista un acuerdo o beneficio a cambio de sus comentarios.
El señalamiento más delicado es la posibilidad de que el nombramiento de su hermano responda a una relación política y no exclusivamente a sus capacidades profesionales. Sin embargo, para sostener esa acusación se necesitan pruebas: conocer la trayectoria de Ulises Ríos, los requisitos del puesto y los criterios con los que fue seleccionado. Sin esa información, hablar de una componenda o de un pago por respaldos mediáticos sería especulativo.
En una administración que debe rendir cuentas a la ciudadanía, el Ayuntamiento tiene la oportunidad de despejar las dudas y transparentar el proceso de designación. La pregunta no es solamente a quién defiende Oswaldo Ríos en sus comentarios, sino si el gobierno municipal puede demostrar que los cargos públicos se asignan por capacidad y mérito, y no por cercanía o conveniencia política.