El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo anunciaran que solicitarán al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial a los recursos humanos y las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento. El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso local, informó que buscan revisar la justificación de los pagos, la prestación efectiva de los servicios y el cumplimiento de los contratos.
La revisión surge tras señalamientos sobre presuntos pagos por servicios profesionales a Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente en funciones del PAN. Ante esta situación, los legisladores exigieron que Galindo explique qué servicios se contrataron, quién autorizó los pagos y qué resultados obtuvo el gobierno municipal. Gámez Macías advirtió que, si se detectan posibles irregularidades, se presentarían denuncias ante el CEEPAC, el INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para investigar un eventual uso indebido de recursos públicos.
El legislador sostuvo que, si se acredita un desvío de recursos o la simulación de servicios, promoverán ante el Congreso del Estado el inicio de un procedimiento de juicio político contra las autoridades municipales responsables. Entre las posibles consecuencias mencionó sanciones administrativas y penales, inhabilitaciones y, si legalmente corresponde, la destitución. Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser investigados y comprobados por las instancias competentes.
El caso coloca la transparencia de las contrataciones municipales bajo el escrutinio legislativo y aumenta la presión sobre la administración de Galindo, que deberá responder a las solicitudes de aclaración. Los diputados afirmaron que el objetivo es determinar si los recursos se ejercieron conforme a la ley y advirtieron que, de acreditarse faltas, exigirán que se apliquen las sanciones correspondientes, sin privilegios ni excepciones.