Padres de familia de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Los Magueyes, exigieron la destitución de la directora del plantel luego de que, según denunciaron, impidiera el acceso al personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que acudió para entregar la papelería correspondiente al programa de Desayunos Escolares. El argumento señalado por los padres fue que la escuela ya contaba con el apoyo del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.
La situación generó inconformidad debido a que el beneficio estatal contempla un esquema de alimentación para los estudiantes, mientras que el respaldo atribuido al Ayuntamiento habría consistido en la entrega de una mochila. De acuerdo con la denuncia, la postura de la dirección estaría relacionada con una supuesta afinidad hacia el alcalde, quien además habría comprometido la pavimentación de la calle ubicada frente al plantel.
La inconformidad también se dirige contra la actuación de la directora, quien ha aparecido en fotografías junto a funcionarios municipales, mientras permanece pendiente la pavimentación prometida. Para los padres de familia, impedir el ingreso del personal encargado de un programa estatal termina afectando directamente a los alumnos de la institución.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la relación entre decisiones del plantel y los apoyos promovidos desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, particularmente cuando está de por medio un programa dirigido a la niñez. La exigencia de los padres es que se permita el acceso a los apoyos correspondientes y que se esclarezca por qué se bloqueó la entrega de la documentación del programa de Desayunos Escolares.
La presión sobre la División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su titular, Ana Luisa González Sánchez, aumentó tras el suicidio de un estudiante de Ingeniería ocurrido este martes dentro de las instalaciones de la facultad. El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y volvió a poner bajo la lupa la capacidad institucional para prevenir y atender problemas de salud emocional, aunque hasta ahora no existe información que permita establecer una relación directa entre el fallecimiento y la actuación de alguna autoridad universitaria.
El caso se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos contra Servicios Estudiantiles por presuntas omisiones en asuntos de seguridad, salud mental y violencia de género. Uno de los antecedentes más fuertes ocurrió en octubre de 2025, cuando una denuncia por una presunta violación contra una estudiante de Derecho provocó la toma de instalaciones y bloqueos de más de 30 vialidades, además de cuestionamientos por la respuesta institucional, que terminó con la salida del director de esa facultad y de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Tampoco se ha borrado de la memoria el accidente de marzo de 2024 en Estomatología, cuando el colapso de unas gradas durante una fotografía grupal dejó nueve estudiantes lesionados y generó reclamos por la atención médica y el acompañamiento psicológico. A estos antecedentes se agregan señalamientos de trabajadores, realizados bajo condición de anonimato, sobre presuntas prácticas de acoso laboral, vigilancia y presión interna, aumentando el cuestionamiento sobre el funcionamiento de la dependencia.
Ante este panorama, estudiantes, colectivos y trabajadores han exigido la renuncia de Ana Luisa González y una revisión profunda del modelo de atención estudiantil. La discusión llega hasta la Rectoría, encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, a quien también se le demandan explicaciones y respuestas concretas. La ironía resulta incómoda: una institución encargada de acompañar a sus estudiantes enfrenta precisamente reclamos por la forma en que responde cuando las crisis ya estallaron públicamente.