El Instituto V-Dem de Suecia colocó a México fuera del grupo de democracias en su Democracy Report 2026, al clasificar al país como una autocracia electoral desde 2024, señalando como causa principal la consolidación del poder político de Morena en el Ejecutivo y su control de mayorías legislativas.

El informe, elaborado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gothenburg, advierte que este cambio se originó tras el proceso político iniciado en 2018 y se ha profundizado con la expansión del control institucional del partido gobernante, incluyendo reformas que impactan al Poder Judicial y reducen los contrapesos.

De acuerdo con el análisis, Morena concentra poder en distintos niveles del Estado, lo que ha derivado en un debilitamiento de la independencia institucional, configurando un sistema donde existen elecciones, pero con instituciones subordinadas al poder político.

El reporte también ubica a México por debajo de países como India, Perú, Hungría, Serbia y Senegal en calidad democrática, señalando un deterioro institucional vinculado a un proceso sostenido de concentración de poder.

Morena fue señalado por el Instituto Nacional Electoral por no entregar el informe sobre el uso del 3% del financiamiento público destinado al liderazgo político de las mujeres en 2025, incumpliendo junto con otros partidos esta obligación legal, lo que derivará en procedimientos por parte de la autoridad electoral.

El caso se agrava tras revelarse que, entre 2019 y 2025, el partido reportó un gasto de al menos 195 millones de pesos en el periódico “La Regeneración”, una edición con enfoque feminista vinculada a su órgano de difusión, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino de los recursos asignados a este rubro.

Además, el INE detectó inconsistencias en los informes presentados por los partidos, con errores de hasta el 60% en los datos, objetivos poco claros y falta de indicadores medibles, lo que limita el impacto real de los recursos destinados a la promoción del liderazgo femenino.

A esto se suman observaciones sobre irregularidades en el periódico, como subvaluación de costos, avisos tardíos para verificar tiraje y contenido que no corresponde al objetivo del presupuesto, lo que ha intensificado las dudas sobre el manejo de estos recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo luego del rechazo a modificar la fecha de la revocación de mandato incluida en el llamado Plan B electoral, al responder que desconoce a qué “cicatriz” se refiere Ricardo Monreal, quien había señalado intentos de acercamiento tras el diferendo.

El conflicto surgió en el Congreso, donde el PT se opuso a cambios clave en la iniciativa, lo que evidenció fracturas dentro del bloque oficialista y obligó a Morena a replantear acuerdos para intentar recomponer la relación con su aliado político.

Pese a la falta de consenso, la mandataria afirmó que los puntos principales de su propuesta fueron aprobados, como la reducción de regidurías, el recorte de costos en congresos locales y Senado, así como la eliminación de privilegios en organismos electorales.

Sin embargo, dejó en manos de las dirigencias partidistas la reconstrucción de la alianza, lo que refleja que el conflicto político permanece abierto y sin una solución clara dentro del oficialismo.

Morena enfrenta un nuevo conflicto político en Baja California, donde su vocero estatal, Catalino Zavala, reconoció que es “muy difícil” concretar una alianza con el Partido del Trabajo, en medio de tensiones derivadas de acusaciones públicas y procesos judiciales que han deteriorado la relación entre ambos partidos.

El distanciamiento ocurre tras la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla por un contrato irregular para una planta fotovoltaica, quien respondió con señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico, lo que elevó el nivel de confrontación política en la entidad.

Aunque Morena afirmó que a nivel federal no existen problemas con el PT, reconoció que las diferencias locales complican cualquier acuerdo, especialmente cuando el propio aliado ha planteado no participar en coalición, lo que deja en incertidumbre el escenario electoral rumbo a los próximos comicios.

En este contexto, la relación entre actores políticos ha estado marcada por conflictos constantes, mientras el partido llamó a respetar los tiempos electorales, en medio de un ambiente de acusaciones y fracturas que impactan directamente en la posibilidad de construir alianzas.

Morena y sus aliados aprobaron en lo general el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado, con 87 votos a favor y 41 en contra, pero el proyecto avanzó en medio de divisiones internas, luego de que el Partido del Trabajo anunciara que no respaldará en lo particular el tema de la revocación de mandato.

La falta de acuerdo impacta directamente uno de los puntos centrales de la propuesta, ya que se prevé que no sea avalada la revocación de mandato para 2027, lo que evidencia la falta de cohesión dentro del bloque oficialista incluso tras la aprobación inicial del dictamen.

El Plan B contempla medidas como recortes presupuestales en el Senado, límites al número de regidores en municipios y topes al financiamiento de congresos estatales, además de ajustes obligatorios en remuneraciones y la eliminación de ciertas prestaciones en órganos electorales, lo que ha generado debate por su alcance.

Durante la discusión, Morena incluso reprochó públicamente al PT por no acompañar el proyecto, lo que dejó en evidencia tensiones internas mientras la reforma avanza con reservas y sin garantías de mantenerse íntegra.

La dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, enfrenta señalamientos por presunto nepotismo, luego de que en entrevista afirmara que el partido no apoyará candidaturas de familiares en estados como Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, al considerar que estas prácticas violan los estatutos internos.

Sin embargo, las críticas surgen al señalar que su propia familia ha ocupado diversos cargos públicos durante los últimos sexenios, incluyendo su trayectoria en el gobierno federal como titular de la Secretaría del Trabajo y posteriormente de Gobernación, mientras que su madre, Bertha Luján, se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Asimismo, se mencionan otros integrantes de su familia que han ocupado posiciones en la administración pública, como su hermana Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, además de otros parientes que han tenido cargos en distintas dependencias federales.

En este contexto, se ha señalado que casos como este reflejan cuestionamientos internos sobre la congruencia en Morena respecto al rechazo al nepotismo, al tiempo que se advierte que la presencia de familias en cargos públicos ha sido una constante dentro del partido.

El Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades en el gasto de Morena destinado a su periódico Regeneración, al señalar opacidad, inconsistencias contables y posible uso como herramienta de propaganda electoral, pese a que el partido proyectó más de 600 millones de pesos entre 2018 y 2026 y solo ha transparentado poco más de 22 millones en contratos públicos.

De acuerdo con dictámenes de fiscalización y documentación revisada, el INE identificó subvaluación en el costo de impresión, omisiones en la verificación del tiraje y falta de evidencia sobre el impacto editorial del medio, lo que impidió comprobar plenamente el uso de los recursos reportados.

Entre las irregularidades, destaca que en 2021 Morena reportó un costo por ejemplar inferior al valor de mercado, generando una diferencia superior a 9.3 millones de pesos, además de no notificar oportunamente a la autoridad electoral sobre la impresión de diversas ediciones en distintos años.

Asimismo, el INE concluyó que contenidos publicados entre 2020 y 2023 promovían figuras políticas y procesos electorales, por lo que determinó que estos gastos no correspondían a actividades editoriales, sino a gasto de campaña, lo que intensificó los cuestionamientos sobre el uso de recursos del partido.

Morena enfrenta cuestionamientos por el manejo de recursos destinados a su periódico Regeneración, luego de que se reportara que entre 2018 y 2026 ha proyectado más de 600 millones de pesos para su producción, aunque solo existen registros públicos de contratos por alrededor de 22 millones, según información derivada de reportes, solicitudes de transparencia y dictámenes del Instituto Nacional Electoral.

Los datos muestran que el partido ha destinado una parte significativa de su presupuesto de “Actividades Específicas” a este medio, con montos que han ido en aumento desde 20 millones en 2018 hasta una proyección de 130 millones para 2026, pese a que en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente aparecen cinco contratos por adjudicación directa relacionados con su impresión.

Además, entre 2018 y 2025 Morena reportó un gasto de 401.3 millones de pesos en ese rubro sin detallar cuánto corresponde específicamente a Regeneración, mientras que solicitudes de información no han permitido acceder a documentación completa sobre la producción, distribución e impacto del periódico.

El INE también ha detectado irregularidades como subvaluación en costos de impresión, omisiones en notificaciones para verificar el tiraje y la necesidad de reclasificar gastos como de campaña debido a contenidos electorales, lo que ha intensificado las dudas sobre la transparencia en el uso de estos recursos.

El avance del Plan B de la reforma electoral se ha visto afectado por conflictos entre Morena y sus aliados en el Congreso, donde las diferencias sobre la fecha de la revocación de mandato han generado un bloqueo en la discusión de la iniciativa.

Mientras Morena insiste en empatar la consulta con la jornada electoral, el Partido del Trabajo y sectores del Partido Verde acusan que se está modificando el acuerdo inicial, lo que ha derivado en un choque político que mantiene la propuesta sin definición clara.

En este contexto, el senador Ignacio Mier, quien había planteado una posible aprobación antes de Semana Santa, reconoció que los tiempos podrían modificarse debido a la falta de acuerdos, aunque mantiene la intención de llevar el dictamen al Pleno sin comprometer una fecha.

Además, Óscar Cantón Zetina advirtió que la reforma debe aprobarse a más tardar en mayo para poder aplicarse en el proceso electoral de 2027, lo que incrementa la presión sobre un proyecto que enfrenta crecientes obstáculos.