Morena y sus aliados aprobaron en lo general el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado, con 87 votos a favor y 41 en contra, pero el proyecto avanzó en medio de divisiones internas, luego de que el Partido del Trabajo anunciara que no respaldará en lo particular el tema de la revocación de mandato.

La falta de acuerdo impacta directamente uno de los puntos centrales de la propuesta, ya que se prevé que no sea avalada la revocación de mandato para 2027, lo que evidencia la falta de cohesión dentro del bloque oficialista incluso tras la aprobación inicial del dictamen.

El Plan B contempla medidas como recortes presupuestales en el Senado, límites al número de regidores en municipios y topes al financiamiento de congresos estatales, además de ajustes obligatorios en remuneraciones y la eliminación de ciertas prestaciones en órganos electorales, lo que ha generado debate por su alcance.

Durante la discusión, Morena incluso reprochó públicamente al PT por no acompañar el proyecto, lo que dejó en evidencia tensiones internas mientras la reforma avanza con reservas y sin garantías de mantenerse íntegra.

La dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, enfrenta señalamientos por presunto nepotismo, luego de que en entrevista afirmara que el partido no apoyará candidaturas de familiares en estados como Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, al considerar que estas prácticas violan los estatutos internos.

Sin embargo, las críticas surgen al señalar que su propia familia ha ocupado diversos cargos públicos durante los últimos sexenios, incluyendo su trayectoria en el gobierno federal como titular de la Secretaría del Trabajo y posteriormente de Gobernación, mientras que su madre, Bertha Luján, se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Asimismo, se mencionan otros integrantes de su familia que han ocupado posiciones en la administración pública, como su hermana Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, además de otros parientes que han tenido cargos en distintas dependencias federales.

En este contexto, se ha señalado que casos como este reflejan cuestionamientos internos sobre la congruencia en Morena respecto al rechazo al nepotismo, al tiempo que se advierte que la presencia de familias en cargos públicos ha sido una constante dentro del partido.

El Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades en el gasto de Morena destinado a su periódico Regeneración, al señalar opacidad, inconsistencias contables y posible uso como herramienta de propaganda electoral, pese a que el partido proyectó más de 600 millones de pesos entre 2018 y 2026 y solo ha transparentado poco más de 22 millones en contratos públicos.

De acuerdo con dictámenes de fiscalización y documentación revisada, el INE identificó subvaluación en el costo de impresión, omisiones en la verificación del tiraje y falta de evidencia sobre el impacto editorial del medio, lo que impidió comprobar plenamente el uso de los recursos reportados.

Entre las irregularidades, destaca que en 2021 Morena reportó un costo por ejemplar inferior al valor de mercado, generando una diferencia superior a 9.3 millones de pesos, además de no notificar oportunamente a la autoridad electoral sobre la impresión de diversas ediciones en distintos años.

Asimismo, el INE concluyó que contenidos publicados entre 2020 y 2023 promovían figuras políticas y procesos electorales, por lo que determinó que estos gastos no correspondían a actividades editoriales, sino a gasto de campaña, lo que intensificó los cuestionamientos sobre el uso de recursos del partido.

Morena enfrenta cuestionamientos por el manejo de recursos destinados a su periódico Regeneración, luego de que se reportara que entre 2018 y 2026 ha proyectado más de 600 millones de pesos para su producción, aunque solo existen registros públicos de contratos por alrededor de 22 millones, según información derivada de reportes, solicitudes de transparencia y dictámenes del Instituto Nacional Electoral.

Los datos muestran que el partido ha destinado una parte significativa de su presupuesto de “Actividades Específicas” a este medio, con montos que han ido en aumento desde 20 millones en 2018 hasta una proyección de 130 millones para 2026, pese a que en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente aparecen cinco contratos por adjudicación directa relacionados con su impresión.

Además, entre 2018 y 2025 Morena reportó un gasto de 401.3 millones de pesos en ese rubro sin detallar cuánto corresponde específicamente a Regeneración, mientras que solicitudes de información no han permitido acceder a documentación completa sobre la producción, distribución e impacto del periódico.

El INE también ha detectado irregularidades como subvaluación en costos de impresión, omisiones en notificaciones para verificar el tiraje y la necesidad de reclasificar gastos como de campaña debido a contenidos electorales, lo que ha intensificado las dudas sobre la transparencia en el uso de estos recursos.

El avance del Plan B de la reforma electoral se ha visto afectado por conflictos entre Morena y sus aliados en el Congreso, donde las diferencias sobre la fecha de la revocación de mandato han generado un bloqueo en la discusión de la iniciativa.

Mientras Morena insiste en empatar la consulta con la jornada electoral, el Partido del Trabajo y sectores del Partido Verde acusan que se está modificando el acuerdo inicial, lo que ha derivado en un choque político que mantiene la propuesta sin definición clara.

En este contexto, el senador Ignacio Mier, quien había planteado una posible aprobación antes de Semana Santa, reconoció que los tiempos podrían modificarse debido a la falta de acuerdos, aunque mantiene la intención de llevar el dictamen al Pleno sin comprometer una fecha.

Además, Óscar Cantón Zetina advirtió que la reforma debe aprobarse a más tardar en mayo para poder aplicarse en el proceso electoral de 2027, lo que incrementa la presión sobre un proyecto que enfrenta crecientes obstáculos.

La discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral enfrenta un escenario incierto en el Congreso mexicano, donde Morena y sus aliados han entrado en conflicto por diferencias clave, principalmente sobre la fecha de la consulta de revocación de mandato, lo que ha frenado los avances de la iniciativa.

El desacuerdo central radica en que Morena propone realizar la consulta el mismo día de la jornada electoral del próximo año, mientras que el Partido del Trabajo y sectores del Partido Verde sostienen que el acuerdo original contemplaba llevarla a cabo en agosto, generando tensiones dentro del bloque oficialista.

El senador Alberto Anaya reconoció que el debate continúa abierto, evidenciando la falta de consenso, mientras que desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal advirtió que los aliados deberán asumir su responsabilidad si no se alcanzan acuerdos, lo que refleja un distanciamiento entre las fuerzas que respaldaban la propuesta.

Ante este panorama, el Plan B se mantiene en una fase crítica, con plazos inciertos y la posibilidad de que no avance si persisten las diferencias internas dentro del oficialismo.

El Partido Acción Nacional acusó en Yucatán a Morena de utilizar una denuncia en su contra como estrategia para desviar la atención de su desempeño como gobierno, según declaró el dirigente estatal panista Álvaro Cetina Puerto, quien afirmó que estas acciones responden a la falta de resultados en la entidad.

De acuerdo con el líder del PAN, la denuncia presentada por Morena por el evento “Del lado de la gente” busca encubrir problemas que, asegura, persisten en el estado, al comparar la situación con equipos deportivos que, al ir perdiendo, prefieren reclamar decisiones en lugar de mejorar su desempeño.

El dirigente panista sostuvo que esta estrategia responde a un contexto marcado por señalamientos sobre desabasto de medicamentos, falta de citas médicas, colonias sin agua potable, apagones y pérdida de empleos, lo que, desde su perspectiva, ha generado inconformidad entre la población.

En este escenario, el PAN considera que las acusaciones forman parte de un intento por evadir responsabilidades, al señalar que resulta más sencillo culpar a otros actores políticos que atender las problemáticas que enfrenta la ciudadanía.

Morena decidió poner en pausa la discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado, luego de que los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, informaran en Ciudad de México que el análisis del dictamen se pospone hasta nuevo aviso, sin una fecha clara para su reanudación.

De acuerdo con lo señalado, la decisión se tomó bajo el argumento de que continúa el diálogo en torno a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el retraso ocurre en un momento clave del proceso legislativo, lo que genera incertidumbre sobre los tiempos de aprobación.

Los legisladores indicaron que siguen escuchando distintas posturas para mejorar el contenido del dictamen, en un intento por ajustar la propuesta antes de su discusión formal en comisiones, sin descartar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para abordar el tema.

Además, Cantón Zetina señaló que se tenía prevista una reunión con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, y otros consejeros, la cual no se llevó a cabo debido a la ausencia de los funcionarios, lo que también influyó en el aplazamiento del debate.

El diputado local Fernando Alférez, integrante de Morena, se convirtió en el centro de la polémica tras emitir un comentario durante la discusión sobre lactarios que fue considerado ofensivo por diversos sectores.

La declaración, realizada en el Congreso de Aguascalientes, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios y colectivos reprocharon el tono del legislador, calificándolo como una falta de sensibilidad frente a un tema que involucra derechos y necesidades de mujeres en entornos educativos.

De acuerdo con las críticas, la expresión no solo desvió el enfoque de la iniciativa, sino que fue percibida como una burla que resta importancia a la creación de espacios adecuados para la maternidad, generando exigencias de disculpa pública y posicionamientos claros.

En este contexto, el silencio tanto del legislador como del partido ha sido señalado, mientras surgen lecturas políticas que vinculan indirectamente a perfiles como el de Enrique Galindo Ceballos dentro del espectro de Morena, en medio de cuestionamientos sobre la seriedad del debate público.