Michoacán enfrenta un clima político tenso marcado por divisiones dentro de Morena, luego de que figuras del partido protagonizaran enfrentamientos públicos, contradicciones y disputas por candidaturas rumbo a la gubernatura, evidenciando una crisis interna en el movimiento.
El conflicto se intensificó en el Senado, donde Gerardo Fernández Noroña generó polémica al manifestarse a favor de Raúl Morón Orozco durante una sesión, aunque posteriormente se retractó ante medios, pese a la existencia de registros en video, lo que dejó en evidencia inconsistencias en su postura.
A la par, el senador Félix Salgado Macedonio también provocó controversia al referirse a temas de nepotismo dentro del partido, en alusión a la dirigencia nacional, para después negar sus propios señalamientos y asegurar que fue objeto de un “linchamiento político”, en medio de tensiones internas.
Este escenario ocurre mientras distintos perfiles se posicionan rumbo a la contienda estatal, reflejando un ambiente de confrontación dentro de Morena que exhibe falta de cohesión y disputas internas en pleno proceso político.
Gustavo Ayón Aguirre, presidente municipal de Compostela, Nayarit, anunció su renuncia a Morena tras señalar incongruencias dentro del partido, en un movimiento que ocurre rumbo a las elecciones de 2027 y que lo perfila como posible candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.
El exbasquetbolista, quien llegó al cargo en 2024 bajo la coalición Morena-PT-PVEM, explicó que su decisión responde a diferencias con la forma en que se conducen al interior del partido, al afirmar que no coincide con lo que calificó como una falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Ayón Aguirre indicó que su salida se da pese a estar agradecido por la oportunidad política, pero sostuvo que sus valores lo llevaron a apartarse, al considerar que no se identifica con las prácticas internas de Morena.
El anuncio ocurre en medio de un contexto electoral, donde Movimiento Ciudadano ya lo impulsa como una opción para encabezar un proyecto rumbo a la gubernatura, evidenciando una ruptura que impacta al partido oficialista en Nayarit.
El Paseo Esmeralda, ubicado en el Jardín Colón de San Luis Potosí, ha sido señalado por vecinos debido a la deficiente iluminación instalada por el Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, donde acusan el uso de focos de bajo costo que resultan insuficientes para alumbrar la zona.
Los hechos ocurren en una de las áreas más representativas del Centro Histórico, donde la falta de iluminación se suma a reportes de robos, percepción de inseguridad y ausencia de vigilancia policiaca, generando preocupación entre comerciantes, peatones y visitantes.
La problemática también alcanza zonas cercanas como el entorno del Mercado Tangamanga, conocido como La Merced, donde locatarios aseguran que las condiciones de deterioro persisten sin atención por parte de las autoridades municipales.
En medio de estas críticas, surgen cuestionamientos que también alcanzan al entorno político de Morena, donde se menciona indirectamente al alcalde ante el contraste entre el abandono urbano y el gasto en eventos.
La administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos enfrenta señalamientos tras la detección de un proveedor identificado como Gustavo Palomino López, quien habría recibido pagos por diversos conceptos que van desde croquetas hasta computadoras.
De acuerdo con la información, el domicilio fiscal registrado del proveedor corresponde a una vivienda donde no se realizan actividades comerciales, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y transparencia de las contrataciones realizadas.
Además, se reporta que las firmas en los contratos presentan inconsistencias, lo que incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades en los procesos administrativos.
En este contexto, también surgen cuestionamientos que alcanzan al entorno político vinculado a Morena, donde el nombre del alcalde comienza a mencionarse indirectamente en medio de críticas por el manejo de recursos.
En una votación inusual en el Senado realizada el 25 de marzo por la noche, Morena y sus aliados terminaron rechazando uno de los puntos centrales del Plan B de la reforma electoral, al aprobar por unanimidad una reserva del Partido del Trabajo que elimina la modificación al artículo 35 sobre la revocación de mandato.
El hecho ocurrió cuando los propios senadores de Morena se sumaron a los votos del PT y de la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— para frenar la propuesta que buscaba adelantar la consulta y permitir su coincidencia con la elección de 2027, lo que representaba el eje principal de la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo.
La decisión dejó intactas las reglas aprobadas desde 2019 y evidenció una fractura dentro del bloque oficialista, ya que previamente las reservas de la oposición habían sido rechazadas, pero en este caso Morena respaldó la propuesta de su aliado para evitar que su propio proyecto avanzara.
El resultado marca un revés político para el partido, ya que el elemento central de su reforma no fue aprobado y quedó fuera del dictamen, en un proceso que mostró divisiones internas y falta de cohesión en la estrategia legislativa.
El Instituto V-Dem de Suecia colocó a México fuera del grupo de democracias en su Democracy Report 2026, al clasificar al país como una autocracia electoral desde 2024, señalando como causa principal la consolidación del poder político de Morena en el Ejecutivo y su control de mayorías legislativas.
El informe, elaborado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gothenburg, advierte que este cambio se originó tras el proceso político iniciado en 2018 y se ha profundizado con la expansión del control institucional del partido gobernante, incluyendo reformas que impactan al Poder Judicial y reducen los contrapesos.
De acuerdo con el análisis, Morena concentra poder en distintos niveles del Estado, lo que ha derivado en un debilitamiento de la independencia institucional, configurando un sistema donde existen elecciones, pero con instituciones subordinadas al poder político.
El reporte también ubica a México por debajo de países como India, Perú, Hungría, Serbia y Senegal en calidad democrática, señalando un deterioro institucional vinculado a un proceso sostenido de concentración de poder.
Morena fue señalado por el Instituto Nacional Electoral por no entregar el informe sobre el uso del 3% del financiamiento público destinado al liderazgo político de las mujeres en 2025, incumpliendo junto con otros partidos esta obligación legal, lo que derivará en procedimientos por parte de la autoridad electoral.
El caso se agrava tras revelarse que, entre 2019 y 2025, el partido reportó un gasto de al menos 195 millones de pesos en el periódico “La Regeneración”, una edición con enfoque feminista vinculada a su órgano de difusión, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino de los recursos asignados a este rubro.
Además, el INE detectó inconsistencias en los informes presentados por los partidos, con errores de hasta el 60% en los datos, objetivos poco claros y falta de indicadores medibles, lo que limita el impacto real de los recursos destinados a la promoción del liderazgo femenino.
A esto se suman observaciones sobre irregularidades en el periódico, como subvaluación de costos, avisos tardíos para verificar tiraje y contenido que no corresponde al objetivo del presupuesto, lo que ha intensificado las dudas sobre el manejo de estos recursos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo luego del rechazo a modificar la fecha de la revocación de mandato incluida en el llamado Plan B electoral, al responder que desconoce a qué “cicatriz” se refiere Ricardo Monreal, quien había señalado intentos de acercamiento tras el diferendo.
El conflicto surgió en el Congreso, donde el PT se opuso a cambios clave en la iniciativa, lo que evidenció fracturas dentro del bloque oficialista y obligó a Morena a replantear acuerdos para intentar recomponer la relación con su aliado político.
Pese a la falta de consenso, la mandataria afirmó que los puntos principales de su propuesta fueron aprobados, como la reducción de regidurías, el recorte de costos en congresos locales y Senado, así como la eliminación de privilegios en organismos electorales.
Sin embargo, dejó en manos de las dirigencias partidistas la reconstrucción de la alianza, lo que refleja que el conflicto político permanece abierto y sin una solución clara dentro del oficialismo.
Morena enfrenta un nuevo conflicto político en Baja California, donde su vocero estatal, Catalino Zavala, reconoció que es “muy difícil” concretar una alianza con el Partido del Trabajo, en medio de tensiones derivadas de acusaciones públicas y procesos judiciales que han deteriorado la relación entre ambos partidos.
El distanciamiento ocurre tras la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla por un contrato irregular para una planta fotovoltaica, quien respondió con señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico, lo que elevó el nivel de confrontación política en la entidad.
Aunque Morena afirmó que a nivel federal no existen problemas con el PT, reconoció que las diferencias locales complican cualquier acuerdo, especialmente cuando el propio aliado ha planteado no participar en coalición, lo que deja en incertidumbre el escenario electoral rumbo a los próximos comicios.
En este contexto, la relación entre actores políticos ha estado marcada por conflictos constantes, mientras el partido llamó a respetar los tiempos electorales, en medio de un ambiente de acusaciones y fracturas que impactan directamente en la posibilidad de construir alianzas.