Morena enfrenta un nuevo conflicto político en Baja California, donde su vocero estatal, Catalino Zavala, reconoció que es “muy difícil” concretar una alianza con el Partido del Trabajo, en medio de tensiones derivadas de acusaciones públicas y procesos judiciales que han deteriorado la relación entre ambos partidos.
El distanciamiento ocurre tras la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla por un contrato irregular para una planta fotovoltaica, quien respondió con señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico, lo que elevó el nivel de confrontación política en la entidad.
Aunque Morena afirmó que a nivel federal no existen problemas con el PT, reconoció que las diferencias locales complican cualquier acuerdo, especialmente cuando el propio aliado ha planteado no participar en coalición, lo que deja en incertidumbre el escenario electoral rumbo a los próximos comicios.
En este contexto, la relación entre actores políticos ha estado marcada por conflictos constantes, mientras el partido llamó a respetar los tiempos electorales, en medio de un ambiente de acusaciones y fracturas que impactan directamente en la posibilidad de construir alianzas.
Morena y sus aliados aprobaron en lo general el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado, con 87 votos a favor y 41 en contra, pero el proyecto avanzó en medio de divisiones internas, luego de que el Partido del Trabajo anunciara que no respaldará en lo particular el tema de la revocación de mandato.
La falta de acuerdo impacta directamente uno de los puntos centrales de la propuesta, ya que se prevé que no sea avalada la revocación de mandato para 2027, lo que evidencia la falta de cohesión dentro del bloque oficialista incluso tras la aprobación inicial del dictamen.
El Plan B contempla medidas como recortes presupuestales en el Senado, límites al número de regidores en municipios y topes al financiamiento de congresos estatales, además de ajustes obligatorios en remuneraciones y la eliminación de ciertas prestaciones en órganos electorales, lo que ha generado debate por su alcance.
Durante la discusión, Morena incluso reprochó públicamente al PT por no acompañar el proyecto, lo que dejó en evidencia tensiones internas mientras la reforma avanza con reservas y sin garantías de mantenerse íntegra.
La dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, enfrenta señalamientos por presunto nepotismo, luego de que en entrevista afirmara que el partido no apoyará candidaturas de familiares en estados como Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, al considerar que estas prácticas violan los estatutos internos.
Sin embargo, las críticas surgen al señalar que su propia familia ha ocupado diversos cargos públicos durante los últimos sexenios, incluyendo su trayectoria en el gobierno federal como titular de la Secretaría del Trabajo y posteriormente de Gobernación, mientras que su madre, Bertha Luján, se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Morena.
Asimismo, se mencionan otros integrantes de su familia que han ocupado posiciones en la administración pública, como su hermana Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, además de otros parientes que han tenido cargos en distintas dependencias federales.
En este contexto, se ha señalado que casos como este reflejan cuestionamientos internos sobre la congruencia en Morena respecto al rechazo al nepotismo, al tiempo que se advierte que la presencia de familias en cargos públicos ha sido una constante dentro del partido.